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Enero trae consigo una tormenta de aumentos, desencadenados por el D. N. U. recién emitido por el presidente, sumado a la retirada de subsidios. Pero la montaña rusa económica no se detiene ahí, ya que otros servicios esenciales también se sumarán a la ola de incrementos. 

Aumentos en la Tarifa de Gas:

    Impacto del Alza en las Tarifas de Gas: Desafiando la marejada inflacionaria y en respuesta a la reciente decisión gubernamental de retirar los subsidios a los servicios públicos, las compañías encargadas de la distribución y el transporte de gas han presentado al Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) un detallado informe que revela los ajustes propuestos para las tarifas a partir del año 2024.

    En este escenario, las cifras presentadas en las solicitudes son impactantes, con algunas distribuidoras proponiendo aumentos de hasta un 700%, y las empresas de transporte aproximándose al 570%. Estos números polémicos serán el epicentro de la próxima audiencia pública de gas, programada para el 8 de enero, donde se discutirá abiertamente la viabilidad y las implicaciones de tales incrementos.

    Las cifras detalladas por las empresas revelan un panorama diverso de ajustes tarifarios:

• Metrogas propone un aumento del 377%
• Naturgy busca un incremento del 437%
• Camuzzi Gas Pampeana plantea un ajuste del 421%
• Camuzzi Gas del Sur sorprende con un 543% de aumento
• Ecogas, en cambio, presenta un ajuste más moderado del 126%
• Gasnor, por su parte, plantea una amplia gama de aumentos que oscilan entre el 400% y el sorprendente 704%
• Redengas propone un incremento significativo del 481%
• TGS busca un aumento del 567%
• TGN presenta una propuesta del 523,5%

Aumento en el servicio de electricidad:

    En medio del panorama de ajustes tarifarios, la consultora Economía y Energía ha proyectado cifras reveladoras sobre el impacto directo en los usuarios de diferentes niveles de ingresos.

    Para aquellos clasificados en el nivel 3, correspondiente a ingresos medios, se espera un aumento significativo del 327% en la factura de electricidad y un incremento del 336% en la tarifa de gas. En el nivel 2, destinado a hogares de bajos ingresos, el panorama también es desafiante, con aumentos proyectados del 129% en electricidad y del 168% en gas.

    En contraste, el sector de más altos ingresos, actualmente sin subsidios, se verá obligado a asumir ajustes considerables, con incrementos que oscilan entre el 125% y el 204% en electricidad y gas, respectivamente.

    Estos ajustes se traducen en números impactantes para los hogares. Por ejemplo, un hogar de nivel 1, que en noviembre recibió una factura promedio de $10.400 por electricidad en el área metropolitana, vería aumentos que llevarían el monto a $23.500. En el caso de un hogar de nivel 2, el gasto mensual se elevaría de $3.900 a $9.000.

    Los usuarios del nivel 3, con una factura de electricidad de $5.500, enfrentarían un aumento considerable hasta alcanzar los $23.500. En el ámbito del gas, un hogar de nivel 1 vería su factura incrementada de $4.500 a $13.800, mientras que el nivel 2 experimentaría un ajuste de $1.800 a $4.800. Por último, el hogar de nivel 3, con una factura de $3.100, enfrentaría un aumento significativo hasta llegar a $13.800.

    Estos números pintan un panorama desafiante para los consumidores, lo que agrega urgencia a la discusión sobre la accesibilidad y la equidad en el acceso a los servicios básicos. La realidad económica de cada estrato social se verá impactada, y la audiencia pública se presenta como un espacio crucial para evaluar y debatir estas implicaciones.

Aumento de combustible:

    Cambios en los Biocombustibles: La Secretaría de Energía formalizó un incremento en los biocombustibles, variando entre un 28,5% y un 34,4%, lo cual inevitablemente generará una mayor presión sobre los costos de los combustibles fósiles. En un contexto de liberalización de precios, con aumentos recientes y demoras reportadas por las petroleras, este aumento incidirá directamente en los precios de la nafta y el gasoil. Como parte de su proyecto de Ley Ómnibus, el Gobierno ha introducido modificaciones en el sector, encaminándose hacia una desregulación completa.

    La primera resolución establece que el precio de adquisición del biodiesel aumentará de $686.986 a $923.590 por tonelada para las transacciones realizadas desde este jueves y hasta la publicación de un nuevo precio. Esto representa un aumento del 34,44% con respecto a los valores establecidos hace cuatro semanas. El biodiesel, derivado de la soja, se utiliza para mezclar con gasoil y diesel oil, con un mínimo del 6% según la normativa actual.

    Debido a la obligación legal de adquirir biocombustibles para mezclar con combustibles fósiles, las petroleras enfrentarán un nuevo aumento en sus costos, ya que estos biocombustibles son un componente esencial en su producción. Antes de las resoluciones anunciadas hoy, en el sector se sugería que los precios de la nafta y el gasoil en los surtidores aún mantenían un retraso con respecto a los USD 1 o USD 1,20 por litro que la industria pretende alcanzar, por lo que es probable que se produzcan nuevos ajustes.

    Desde noviembre, los precios de los combustibles han experimentado un incremento cercano al 80% en medio del proceso electoral y la devaluación del peso. A principios del mes pasado, tras la expiración del programa Precios Justos, las petroleras aplicaron un aumento del 10%. Posteriormente, con el resultado del balotaje, se volvió a implementar un alza de magnitud similar.

    En diciembre, antes de la asunción de Javier Milei, se observó un aumento del 25% en los surtidores durante el fin de semana largo. Posteriormente, con el salto del tipo de cambio oficial al valor de $800, se produjo una actualización del 37%, llevando, por ejemplo, la nafta súper a alrededor de los 615 pesos (equivalentes a 0,75 centavos de dólar). Fuentes privadas estiman que el aumento acumulado de la nafta súper ha alcanzado el 266,22%, mientras que el gasoil ha experimentado un alza del 264,58%.

    Sin embargo, las petroleras tienen como objetivo alcanzar un precio promedio de 1 dólar por litro en los surtidores. Aunque el Gobierno aboga por la libertad de decisión de los privados en cuanto a la fijación de precios, se ha solicitado que los aumentos se implementen de manera gradual entre el verano y marzo de 2024.