El que corta no cobra: la prueba de fuego del gobierno de Milei.

     Con apenas diez días desde la asunción de Javier Milei, su gobierno se enfrentó a la prueba de fuego al enfrentarse a las organizaciones sociales. Para el 20 de diciembre dicha organizaciones sociales convocaron a una marcha en contra de las medidas tomadas por el nuevo gobierno. La respuesta del gobierno se resumió en “el que corta no cobra”. Esto hace alusión a que si los beneficiarios de planes sociales (Potenciar Trabajo) participaban de la marcha, cortando las calles y haciendo disturbios, perderían dichos beneficios.

    Las primeras reacciones no se hicieron esperar. En los días que siguieron a la asunción de Milei varias organizaciones sociales se movilizaron, pero ya no lo hicieron como antes, cortando calles, quemando gomas, etc. Sino que protestaban desde las veredas. Algo realmente nuevo, ya que los últimos años estuvieron marcados por constantes cortes.

    No obstante, días previos a la marcha del 20 de diciembre, la ministra de seguridad, Patricia Bullrich, implementó un protocolo para el mantenimiento del orden público, También conocido como el “protocolo antipiquete”.  Dicho protocolo dice que:

• - Las cuatro fuerzas federales, más el Servicio Penitenciario Federal, van a intervenir frente a cortes, piquetes o bloqueos totales o parciales de acuerdo a los códigos vigentes: si hay un delito en flagrancia, podrán intervenir de manera inmediata.
• -  La PFA, PSA, Gendarmería, Prefectura y SPF actuarán en las zonas federales y esto llevará a que las fuerzas provinciales lo hagan en su zona de competencia. Tampoco se permitirá en las protestas que se hagan en estaciones de trenes ni se permitirán “palos, caras tapadas o formas para no ser reconocidos”.
• -         Habrá excepciones a la aplicación del protocolo vinculada a eventos religiosos, sociales o deportivos que deberán pedir permiso a la autoridad jurisdiccional competente.
• -         Serán identificados los autores, partícipes, cómplices o instigadores que participen de marchas y piquetes y sus datos se enviarán a la autoridad competente. Lo mismo con los vehículos que no estén bajo las normas de tránsito o no tengan la documentación.
• -         Además, se creará un registro de las organizaciones y sus líderes con la cual se vinculan, sin perjuicio de proceder a su detención, cuando así corresponda legalmente.
• -         La información será comunicada también a cargo de la protección de los menores cuando se comprobare que se ha llevado a niños, niñas o adolescentes a la concentración.
• -         Se le dará aviso al juez competente en caso de daño ambiental.
• -   Los efectivos emplearán la mínima fuerza necesaria y suficiente, con especial atención y cuidado ante la presencia de niños, mujeres embarazadas o ancianos. Esa fuerza será graduada en proporción a la resistencia opuesta por los manifestantes o sus apoyos, siempre con empleo de armas no letales.

    También los costos del operativo desplegado en cada marcha serán cargados a las organizaciones que participen de la misma.

    Sumado a esto la ministra de capital humano, Sandra Pettovello, afirmo que las organizaciones ya no pueden dar de baja el plan social. Se suspende la asistencia a los beneficiarios, ya que era el instrumento de las organizaciones para extorsionarlos de participar de marchas.

    Asimismo, el vocero de presidencia, Manuel Adorni, informó la existencia de una línea telefónica (134) para realizar la correspondiente denuncia en caso de extorción.

    Según estimaciones de los dirigentes sociales se esperaban 50.000 personas. Esto implicaba una gran movilización y paralización de varias zonas de la Capital. Como ocurrió el 28 de noviembre de 2023.

    Sin embargo, la marcha convocada para el día 20 de diciembre a las 16:00hs no llegó a movilizar ni un cuarto de lo afirmado días previos. Según estimaciones apenas llegaron a los 3.000 manifestantes. Además, no lograron interrumpir el tránsito.

    Con la persuasión hecha los días previos, más un estricto control de las fuerzas federales y la policía de la ciudad de Buenos Aires, se logró reducir la marcha a su mínima expresión. En definitiva, el gobierno supero la prueba de fuego.